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La intervención pública genera un intenso debate político mientras el Estado descarta entrar como accionista en la aerolínea.
Las turbulencias de Avianca vienen de lejos, pero después de reestructurar su deuda en 2019 la compañía puso el domingo negro sobre blanco sus próximos pasos al anunciar que se acoge de forma voluntaria a la ley de bancarrotas de Estados Unidos. Su propósito es tratar de paliar los devastadores efectos de la emergencia sanitaria del coronavirus en el transporte aéreo, por lo que recurrió a esta fórmula que busca reordenar su balance y “proteger y preservar las operaciones”. La aerolínea más antigua de América y una de las principales del continente, que cumplió un siglo el año pasado, es un símbolo de Colombia. En este caso el golpe que supone la crisis de la covid-19 va más allá del sombrío panorama del sector y el Gobierno de Iván Duque estudia garantizar su viabilidad a través de un préstamo que todavía no se ha definido.
El debate en torno al salvamento o rescate público de Avianca, que cerró el último ejercicio con unas pérdidas de 894 millones de dólares, lleva semanas agitando una intensa discusión política en la que incluso se han dirigido al Ejecutivo acusaciones de favoritismo. Este lunes el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sugirió que la decisión ya de alguna manera está tomada y que las autoridades evalúan la mejor opción. Se trataría de una relación en la que el Estado entraría como prestamista. "Estamos en este momento observando. La manera de meter la plata es garantizar que esa plata, que al final del día es de los contribuyentes, se use con el fin de proteger nuestra comunicación aérea”, afirmó el ministro en declaraciones a la emisora Blu Radio. En cualquier caso, el vínculo no iría más allá y no afectaría a la propiedad o a la estructuras de los accionistas. “El Gobierno entraría en condición de prestamista. Es difícil predecir, pero la entrada como accionista es algo que sería extremadamente delicado, no creo que esa sea una solución que debamos poner de primero en la mesa”, agregó.
Hasta ahora el equipo de Duque se había planteado una suerte de “abordaje sectorial” en un país de geografía desigual y compleja y con un plan de infraestructuras que en el pasado estuvo amenazado por el conflicto armado entre el Estado y las FARC. “Colombia ha sido un país, con su historia de violencia anterior, en donde la conectividad aérea era esencial”, señaló la semana pasada a EL PAÍS el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. “Hemos dicho que este es un sector estratégico y queremos apoyarlo. Se han definido medidas de liquidez, de solvencia, de crédito, de líneas de garantía de crédito. Medidas asociadas a extender plazos de pago de impuestos, contribuciones, disminución de carga en aportes pensionales y eventualmente podría haber alguna línea que permita acceder a recursos del sistema financiero con garantía del Estado como se ha hecho con la pequeña y la mediana empresa. Hasta ahí vamos”, afirmó. Esa última fórmula es, de momento, la elegida para una inyección de liquidez.
El tráfico aéreo en Colombia lleva cerca de un mes y medio paralizado y se reanudará paulatinamente una vez remita la emergencia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, criticó a finales de abril la posibilidad de un rescate público de la compañía. “Con todo respeto. Las pequeñas y medianas empresas son el corazón económico de Bogotá y Colombia. Emplean al 60% de nuestra gente. Ni siquiera les han ayudado a pagar su nómina menos a salvarlas. ¿Y la prioridad que se está discutiendo es salvar a Avianca, una empresa extranjera?”, manifestó entonces.
La líder de la alianza verde se refería a una operación, cerrada hace un año, por la que United Airlines intervino en el reparto del poder de la empresa al quitar el control de sus acciones al socio mayoritario, Germán Efromovich, y entregándoselo a Kingsland, “un tercero independiente”. La decisión se debió a un impago del accionista a la aerolínea estadounidense y de ella salió una nueva junta. El actual presidente de Avianca Holdings, Anko van der Werff, indicó que acogerse al capítulo 11 la ley de bancarrotas de Estados Unidos era “un paso necesario”. “Cuando se levanten las restricciones impuestas por los Gobiernos para los viajes aéreos y podamos reanudar gradualmente nuestros vuelos de pasajeros, esperamos contribuir a la reactivación de la economía en Colombia y en nuestros otros mercados”, agregó en un comunicado.
