Fiscalía investiga al abogado por supuestos ofrecimientos a testigos. Pidió casa por cárcel.
En una audiencia que se desarrolló este lunes, 27 de julio, ante el Juzgado 35 Penal Municipal en función de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía pudo, tras dos intentos fallidos, imputarle cargos a Diego Cadena, exabogado del expresidente y senador Álvaro Uribe, y al abogado Juan José Salazar, por soborno en actuación penal y fraude procesal.
Aunque la diligencia fue suspendida y continuará el 31 de julio y el 3 de agosto, para definir si Cadena y Salazar irán a prisión domiciliaria, la Fiscalía destapó cómo los abogados habrían ofrecido beneficios a testigos a cambio de que falsificaran testimonios "con el fin de tratar de beneficiar la investigación que adelantaba la Corte Suprema de Justicia en contra del aforado”.
Este es el caso por el que Uribe fue escuchado en indagatoria el 8 de octubre del año pasado. Desde entonces, la Sala de Instrucción de la Corte está pendiente de tomar una decisión sobre su caso y definir su situación jurídica, para establecer si archiva el caso o si, por el contrario, continúa el proceso en su contra y ordena o no su detención. Ese proceso está en el despacho del magistrado César Augusto Reyes Medina.
Contra Uribe, la Corte también tiene un proceso en etapa preliminar o previa por supuestamente intentar torcer testigos para que declararan en contra de Iván Cepeda y dijeran que él los estaba presionando para que mintieran y dieran testimonios falsos contra Uribe.
CRÉDITOS PARA: https://www.eltiempo.com/
En una audiencia que se desarrolló este lunes, 27 de julio, ante el Juzgado 35 Penal Municipal en función de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía pudo, tras dos intentos fallidos, imputarle cargos a Diego Cadena, exabogado del expresidente y senador Álvaro Uribe, y al abogado Juan José Salazar, por soborno en actuación penal y fraude procesal.
Aunque la diligencia fue suspendida y continuará el 31 de julio y el 3 de agosto, para definir si Cadena y Salazar irán a prisión domiciliaria, la Fiscalía destapó cómo los abogados habrían ofrecido beneficios a testigos a cambio de que falsificaran testimonios "con el fin de tratar de beneficiar la investigación que adelantaba la Corte Suprema de Justicia en contra del aforado”.
El aforado del que habló la Fiscalía es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien para entonces, narró el fiscal del caso, era investigado por la Corte Suprema de Justicia.
Si bien en la audiencia el fiscal se suscribió a narrar cómo habrían obrado los abogados para pagarle al exparamilitar Carlos Enrique Vélez 48 millones de pesos (de un ofrecimiento inicial de 200); y ofrecerle al también expara Juan Guillermo Monsalve asesoría jurídica, el representante del ente acusador señaló que el actuar de Cadena y Salazar buscó favorecer a un tercero y hacer incurrir a la Corte Suprema en errores en el caso que llevaba contra Uribe.
La Fiscalía añadió que los actos presuntamente irregulares de los abogados, que comenzaron en julio de 2017 y se extendieron hasta agosto o septiembre de 2018, "fueron encaminados a obstruir y generar error en la Corte Suprema. Se buscaron testigos, se pagaron dineros, se ofrecieron beneficios jurídicos con el fin de lograr pruebas falsas" en el proceso que adelantaba el alto tribunal.
Esas fechas y los señalamientos de la Fiscalía contra los abogados tienen importancia en los procesos que lleva la Corte Suprema de Justicia contra Álvaro Uribe Vélez, quien es investigado formalmente por el alto tribunal por presuntamente manipular testigos como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.
Si bien en la audiencia el fiscal se suscribió a narrar cómo habrían obrado los abogados para pagarle al exparamilitar Carlos Enrique Vélez 48 millones de pesos (de un ofrecimiento inicial de 200); y ofrecerle al también expara Juan Guillermo Monsalve asesoría jurídica, el representante del ente acusador señaló que el actuar de Cadena y Salazar buscó favorecer a un tercero y hacer incurrir a la Corte Suprema en errores en el caso que llevaba contra Uribe.
La Fiscalía añadió que los actos presuntamente irregulares de los abogados, que comenzaron en julio de 2017 y se extendieron hasta agosto o septiembre de 2018, "fueron encaminados a obstruir y generar error en la Corte Suprema. Se buscaron testigos, se pagaron dineros, se ofrecieron beneficios jurídicos con el fin de lograr pruebas falsas" en el proceso que adelantaba el alto tribunal.
Esas fechas y los señalamientos de la Fiscalía contra los abogados tienen importancia en los procesos que lleva la Corte Suprema de Justicia contra Álvaro Uribe Vélez, quien es investigado formalmente por el alto tribunal por presuntamente manipular testigos como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.
Esas presiones, supuestamente, buscaban que declarara contra Iván Cepeda y también que se retractara de las afirmaciones en las que Monsalve lo ha relacionado con la conformación de grupos de Autodefensas en Antioquia.
Este es el caso por el que Uribe fue escuchado en indagatoria el 8 de octubre del año pasado. Desde entonces, la Sala de Instrucción de la Corte está pendiente de tomar una decisión sobre su caso y definir su situación jurídica, para establecer si archiva el caso o si, por el contrario, continúa el proceso en su contra y ordena o no su detención. Ese proceso está en el despacho del magistrado César Augusto Reyes Medina.
Contra Uribe, la Corte también tiene un proceso en etapa preliminar o previa por supuestamente intentar torcer testigos para que declararan en contra de Iván Cepeda y dijeran que él los estaba presionando para que mintieran y dieran testimonios falsos contra Uribe.
CRÉDITOS PARA: https://www.eltiempo.com/
